Cobros sin comprobantes y precios ocultos obligan a suspender operaciones.
La opacidad salió cara. La Procuraduría Federal del Consumidor suspendió al Centro Latinoamericano de Estudios Universitarios (CLEU) en Puebla tras detectar irregularidades que afectan directamente a estudiantes y familias.
Durante una verificación, la autoridad encontró que el plantel no exhibía precios de inscripción ni colegiaturas, dejando a los usuarios sin información clara antes de contratar.
Pero no fue lo único. Tampoco entregaban comprobantes de pago, lo que impide acreditar transacciones y abre la puerta a abusos.
Estas prácticas violan la Ley Federal de Protección al Consumidor, al no garantizar transparencia ni condiciones claras en la prestación del servicio educativo.
La respuesta fue inmediata: sellos de suspensión en el inmueble.
Con esta medida, el colegio no podrá seguir promocionando ni cobrando servicios hasta que corrija las irregularidades detectadas.
La Profeco advirtió que todos los proveedores están obligados a informar de manera clara, verificable y completa sobre sus servicios.
El caso se suma a operativos recientes en Puebla, donde la autoridad ha endurecido la vigilancia para frenar prácticas que afectan la economía de las familias.
