Un expediente que permaneció archivado durante 23 años se convirtió en la primera recomendación de 2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al confirmar que una persona menor de edad fue víctima de tortura por parte de policías en 2003.
La resolución del organismo concluye que, durante una detención, la víctima fue golpeada y sometida a tratos degradantes, sin que las autoridades responsables garantizaran una investigación efectiva, lo que permitió que el caso quedara en la impunidad por más de dos décadas.
En su análisis, la CEDH estableció que se violaron derechos esenciales como la integridad personal, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, además de que existió un uso indebido de la fuerza por parte de los elementos involucrados.
Como parte de la recomendación, se ordenó al Estado implementar medidas de reparación integral, que incluyen atención médica y psicológica, indemnización económica y una disculpa pública a la víctima.
También se instruyó la aplicación de programas obligatorios de capacitación para corporaciones policiales en materia de derechos humanos y protocolos de actuación, con el objetivo de evitar la repetición de este tipo de abusos.
Las autoridades señaladas deberán informar a la CEDH si aceptan la recomendación y detallar las acciones para su cumplimiento. El organismo dará seguimiento y podrá hacer público el nivel de avance, aunque carece de facultades para imponer sanciones directas.
