Seis años después de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) concluyó que una mujer fue víctima de violaciones a su integridad y seguridad personal por parte de autoridades ministeriales, por lo que emitió la Recomendación 05/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado.
El organismo determinó que en el caso, identificado en el expediente 2726/2022, se acreditaron irregularidades en la actuación de servidores públicos adscritos a la institución encargada de la procuración de justicia, lo que derivó en la vulneración de derechos humanos en agravio de la víctima, identificada como V1.
La recomendación, fechada el 27 de febrero de 2026, fue dirigida a la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, a quien se le solicita atender una serie de medidas para reparar el daño y revisar la conducta de los funcionarios involucrados.
De acuerdo con el documento, el caso expone presuntas prácticas indebidas dentro de la institución, donde personal ministerial habría actuado de forma contraria a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.
La comisión estableció que estas conductas derivaron en una violación directa al derecho humano a la integridad y seguridad personal, lo que motivó la emisión del pronunciamiento formal contra la dependencia estatal.
El expediente revela además un elemento que ha generado cuestionamientos: la tardanza en la resolución del caso, pues los hechos que dieron origen a la queja ocurrieron seis años antes de que la CDH Puebla emitiera la recomendación.
En la resolución, el organismo defensor pidió a la Fiscalía estatal iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para determinar posibles responsabilidades de los servidores públicos señalados.
También exhortó a reforzar los mecanismos institucionales para evitar que este tipo de abusos se repitan, especialmente en áreas sensibles como las encargadas de recibir denuncias e investigar delitos.
La Recomendación 05/2026 se convirtió así en la quinta emitida por la comisión durante este año, en medio de señalamientos sobre actuaciones indebidas de autoridades encargadas de la procuración de justicia en el estado.
