Las primeras horas del 14 de febrero quedó marcada por el estruendo de al menos 29 detonaciones frente al bar Sala de Despecho. Lo que comenzó como una jornada habitual en la zona terminó con un vehículo rafagueado, un acordonamiento policial y el despliegue de peritos y agentes ministeriales.
De acuerdo con información oficial proporcionada en conferencia de prensa por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el ataque fue resultado de una equivocación en la identificación del objetivo. El coordinador general de Homicidios, Jorge Alfredo Mena Villaseñor, explicó que la agresión había sido planeada con aproximadamente un mes de anticipación; sin embargo, al momento de ejecutarla, los responsables confundieron el automóvil que pretendían interceptar con otro de características similares.
Según la cronología expuesta por la autoridad ministerial, los agresores accionaron armas de fuego en al menos 29 ocasiones contra la unidad en la que viajaban las víctimas. Tras los disparos, corporaciones municipales aseguraron el perímetro, mientras personal de la Fiscalía realizaba el levantamiento de indicios balísticos y recababa testimonios.
La dependencia estatal señaló que, conforme a los avances de la carpeta de investigación, las personas afectadas no tienen vínculo con actividades delictivas, descartando versiones iniciales que apuntaban a un posible nexo con el crimen organizado.
Asimismo, la Fiscalía informó que los presuntos responsables estarían relacionados con el grupo delictivo “La Barredora”, identificado por la institución como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Como resultado de las investigaciones, cuatro personas —entre ellas un menor de edad— fueron vinculadas a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, de acuerdo con datos expuestos por la propia Fiscalía. También se dio a conocer que algunos de los imputados cuentan con antecedentes penales; dos son originarios de Puebla y los otros dos provienen de distintas entidades del país.
Respecto al armamento, la autoridad confirmó el uso de pistolas calibre 9 milímetros, las cuales no han sido aseguradas hasta el momento.
La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la investigación continúa abierta y no se descarta la ejecución de más órdenes de aprehensión conforme se integren nuevos datos a la carpeta correspondiente.
